Pueden acogerse particulares, autónomos y empresarios que se encuentren en situación de insolvencia y que hayan actuado de buena fe. Esto implica no haber cometido fraudes y haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de solicitar el beneficio.
Con la Ley de Segunda Oportunidad, es posible cancelar deudas personales, préstamos, tarjetas de crédito y algunas obligaciones hipotecarias. Sin embargo, no todas las deudas pueden ser eliminadas, como las alimenticias o deudas por multas.
El proceso puede durar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la complejidad del caso y del acuerdo con los acreedores. Esto incluye la fase de negociación y, si es necesario, la intervención judicial.
No necesariamente. Aunque se pueden exonerar muchas deudas, algunas obligaciones, como las alimenticias o sanciones económicas, deben ser cumplidas. Además, la deuda hipotecaria puede ser tratada de manera distinta.
El proceso puede aparecer en tu historial crediticio, afectando tu capacidad para obtener créditos en el futuro. Sin embargo, la ley está pensada para que, una vez finalizado el proceso, puedas reintegrarte al sistema económico sin el peso de deudas insostenibles.
