21 de mayo de 2024
En los últimos años, los desahucios instados por los fondos buitre se han convertido en una preocupación creciente para muchas familias. Estos inversores adquieren propiedades a bajo coste y, a menudo, inician procesos de desalojo para maximizar sus beneficios. En este artículo queremos contarte con más detalle qué son los fondos buitre, cómo operan y qué opciones legales existen para los afectados por los desahucios.
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Los fondos buitre son entidades de inversión que compran activos financieros, como propiedades o hipotecas, a precios muy reducidos. Su objetivo principal es obtener altas rentabilidades a corto plazo. A menudo, adquieren bienes inmuebles de bancos que quieren desprenderse de activos. Posteriormente, hacen todo lo posible para desalojar a los inquilinos y vender las propiedades al precio más alto posible, generando plusvalías en el proceso.
Los procesos de desahucio pueden iniciarse por varias razones. Veamos cuáles son las más comunes.
Cuando un contrato de arrendamiento llega a su fin y el inquilino no abandona la propiedad, el propietario puede iniciar un proceso de desahucio. Este procedimiento legal permite al propietario recuperar la posesión del inmueble. En muchos casos, los fondos buitre utilizan esta vía para deshacerse de los inquilinos y aumentar el valor de la propiedad.
En los procesos de desahucio, los inquilinos pueden utilizar algunos recursos legales para defenderse, entre los que se encuentran los diferentes recursos que permite la Ley Procesal:.
En los procesos de desahucio, la consignación y reclamación de rentas arrendaticias son aspectos importantes que deben ser manejados con precisión para asegurar la protección de los derechos tanto del arrendador como del arrendatario. Estos mecanismos legales permiten resolver disputas sobre el pago de las rentas de manera justa y eficiente.
La normativa española establece obligaciones claras para el arrendatario en cuanto al pago de la renta. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el inquilino debe abonar la renta pactada puntualmente. En caso de impago, el propietario tiene derecho a reclamar judicialmente las rentas adeudadas. La ley también permite al arrendatario consignar judicialmente las rentas para demostrar su buena fe y evitar el desahucio mientras se resuelven los posibles recursos.
La reclamación de rentas puede iniciarse cuando el arrendatario no cumple con su obligación de pago. El propietario puede presentar una demanda judicial para reclamar las cantidades impagadas. En este procedimiento, el juez evaluará la validez de la reclamación y, en caso de resolver a favor del propietario, el inquilino deberá abonar la deuda. Si el arrendatario no cumple con la sentencia, se procederá con la ejecución de la resolución que condene a la deuda que proceda, sin perjuicio del desalojo forzoso del inmueble, si procede.
Existen algunas diferencias entre un desahucio y un desalojo. El desahucio es el acto mediante el que se obliga a un ocupante a abandonar una vivienda. Acordado el desahucio, se iniciará una fase de ejecución en la que se incluye el posible desalojo o lanzamiento, que es el hecho de abandonar la vivienda, lo que podrá hacerse voluntariamente por el inquilino o de manera forzosa, hasta la recuperación efectiva del inmueble por parte del propietario.
Tras la emisión de la sentencia o resolución que acuerde el desahucio, el propietario debe solicitar su ejecución al juzgado correspondiente. El juez emitirá una orden de lanzamiento que especifica una fecha para el desalojo del inquilino. Esta orden es notificada al arrendatario, quien tiene un plazo para desalojar voluntariamente la propiedad. Si el inquilino no desaloja en el plazo establecido, se procede con el lanzamiento, que es ejecutado por la comisión judicial, generalmente con la presencia de la policía para garantizar el orden.
El juzgado entrega una copia de la sentencia y la orden de lanzamiento al inquilino, informándole de la fecha y las consecuencias del desalojo forzoso. Esta notificación debe realizarse con antelación suficiente para permitir al inquilino preparar su salida o buscar asistencia legal si lo considera necesario.
Si el inquilino no desaloja la propiedad voluntariamente, el juzgado procederá con el desalojo forzoso en la fecha indicada. En este momento, la comisión judicial, con la ayuda de las fuerzas de seguridad si es necesario, llevará a cabo el lanzamiento. Se procede al cambio de cerraduras y se toma posesión del inmueble, asegurando que el propietario pueda entrar en su propiedad sin impedimentos.
Tras el desalojo, el propietario recupera la posesión física del inmueble. Es importante que el propietario inspeccione la propiedad para verificar su estado y documentar cualquier daño o situación anómala. En algunos casos, pueden surgir reclamaciones adicionales si el inmueble ha sufrido daños durante la ocupación del inquilino.
Además de los desahucios, existen otros procedimientos legales relacionados con el arrendamiento de inmuebles.
En Cañizares Abogados comprendemos la complejidad de los desahucios instados por los fondos buitre y ofrecemos asesoramiento legal especializado para proteger los derechos de los afectados.
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